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Publicado el 08-06-2010   enviar imprimir
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MARÍA ELENA SALINAS

Arizona: el estado más inhóspito del país

MARÍA ELENA SALINAS
Una década de observaciones

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PHOENIX.- La SB1070 es ahora la ley de la tierra en Arizona, o por lo menos partes de ella. La jueza del distrito federal Susan Bolton bloqueó varias subdivisiones antes de entrar en efecto el 29 de julio. Para el gobierno federal, las organizaciones de derechos civiles y para los individuos que presentaron las demandas ha sido una victoria parcial. Para la comunidad hispana de Arizona la decisión significa un suspiro de alivio.
La jueza Bolton bloqueó las partes más polémicas de la ley basada en la suposición que corresponden a la ley federal. Una de ellas permitía que los agentes de policía pidieran prueba del estatus migratorio a alguien con quien tuviesen contacto legal si determinaban que existía una "sospecha razonable" que estaba aquí ilegalmente. Los críticos de esta sección alegan que hubiese conducido hacia discriminación racial.
Otra sección convertía en crimen el que un inmigrante indocumentado solicite o realice un trabajo. Una tercera habría otorgado a los oficiales la discreción para arrestar a alguien si sentían que había cometido un crimen que lo hiciera sujeto a deportación. Pero quizás la sección más importante que la jueza bloqueó es la que habría convertido en un crimen en el estado, el estar en el país ilegalmente. Ahora está claro que no es un crimen, pero sí una falta.
Desde que llegué a Phoenix un día antes de las audiencias en la corte federal conocí a algunas de esas personas que el estado de Arizona quisiera que fueran consideradas criminales, así como a sus simpatizantes. Docenas de ellos llevaban a cabo una vigilia delante del edificio del capitolio desde que la gobernadora Jan Brewer firmó allí la SB1070 en abril.
Nos ubicamos cerca de allí para nuestras transmisiones. Diariamente un grupo llegaba a contarnos sus historias: El hombre que estaba preocupado porque dividirían a su familia debido a que su esposa es indocumentada. La mujer que siendo ciudadana tenía miedo ya que el color de su piel y su marcado acento la convertirían en un blanco de injusticias. Otra mujer me dijo que cuando iba a trabajar diariamente temía no volver a casa dejando abandonados a sus hijos. El miedo es evidente en sus voces y expresiones. Muchos lloraron.
Me afectó de manera especial el pequeño Ezequiel Luna. El niño de 9 años vino a verme junto a su madre con una petición especial: "¿Puede usted venir por favor a mi escuela y hablar con
los niños sobre qué va a suceder con esta ley?", me dijo. "Muchos de ellos tienen miedo que se lleven a sus padres". Su madre me contó cómo las conversaciones de los niños en la escuela habían cambiado de las tareas escolares y del juego, al miedo de la separación de sus padres.
Se podía sentir la tensión en el aire durante los días previos a la decisión de la jueza. Cuando el veredicto fue anunciado apenas horas antes de que la ley entrara en efecto, el ambiente cambió de uno sombrío a uno de alegría. Había razón para celebrar.
Pero hubo algo que la jueza Bolton dijo durante las audiencias por las demandas la semana antes que quedó grabado en mi mente. Preguntó a los abogados que representaban al gobierno federal: "¿Por qué no puede Arizona ser tan inhospitalario como desea con la gente que ha entrado o ha permanecido en Estados Unidos?". Con su dictamen ella dio al estado luz verde para hacer justamente eso.
Entonces, antes de que los opositores a la ley organicen fiestas de victoria, debe echar una ojeada cercana a algunas partes de la SB1070 que la jueza permitió que entraran en efecto: No habrá ciudades santuario. Permite que los ciudadanos demanden a los funcionarios que no cumplen con la ley federal migratoria y convierte en un crimen transportar o dar albergue a los indocumentados. Eso significa que si alguien transporta en un auto a un miembro de su familia o una iglesia proporciona refugio para una familia necesitada, serán sancionados.
La batalla continúa. Ambas partes prometen apelar. La lucha podría llegar hasta el Tribunal Supremo. Por ahora, Arizona se coloca como el estado más inhóspito y más hostil del país. Otros estados que planean la adopción de leyes similares deben cuidarse: la inhospitalidad podría ser una movida costosa.

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