Aunque el porte de armas está contemplado en la segunda enmienda a la Constitución, su uso fue aprobado para la legítima defensa de los primeros pobladores ante el ataque de los nativos y las fieras.
Hoy en día, mucha gente defiende ese derecho constitucional con el mismo argumento de proteger a los ciudadanos de malhechores, y de situaciones en las que la vida puede estar en riesgo. Sin embargo, la Constitución no dice que las armas deben ser “exportadas” para contribuir con el vergonzoso negocio de la muerte.
La operación Fast And Furious (Rápido y Furioso) en la que funcionarios de la agencia encargada de perseguir las armas en este país aprobó el contrabando de armas a México, tiene indignados a los países que han tenido que poner los muertos mientras aquí ponemos las narices.
Las armas que “filtraron” funcionarios americanos, han segado la vida de miles de personas en México y otros países centroamericanos. El negocio de la muerte funciona muy bien de los dos lados de la frontera, llega coca por un lado y salen armas por el otro, por la misma frontera “porosa” que algunos claman hay que asegurar para que no entren indocumentados. Todo en complicidad de autoridades de los dos lados de la misma, pero lo que no sabíamos era que las mismas autoridades estaban surtiendo de armas a los carteles de la droga.
La muerte del oficial Jaime Zapata de la Agencia de Inmigración y Aduanas, I.C.E., en territorio mexicano y del agente Brian Terry en Arizona, muy probablemente con un arma fabricada en Estados Unidos, dejó al descubierto la hipocresía con la que estamos actuando.
La oficina gubernamental de Control de Alcohol, Tabaco y Armas, ATF, había desarrollado la operación Rápido y Furioso para filtrar armas a las bandas de narcotraficantes en México, sin el conocimiento del gobierno mexicano y de algunas dependencias estatales como la oficina del fiscal general Erick Holder.
Con esas mismas armas han causado la muerte a decenas, por no decir miles, de mexicanos y por lo menos un ciudadano americano. Cómo se puede llamar eso, cómo podemos estar surtiendo a la delincuencia del país vecino y generando violencia.
Esta semana ya quedó plenamente confirmado el uso de una de las armas “exportadas” en por lo menos el asesinato de una persona en México y ahora que están haciendo las comparaciones se descubrirán más casos.
Este año 60 agentes americanos han perdido

la vida por la violencia en la frontera, el año pasado fueron 162, seguramente muertos con las mismas armas que se estaban enviando “legalmente” porque en forma clandestina siguen cruzando cargamentos con destino a delincuentes, pandilleros, a carteles de la droga y a los grupos guerrilleros al sur de la frontera.
Estamos generando la sangre que se derrama todos los días en el vecino país, no combatimos el consumo, no combatimos el contrabando de armas, pero si queremos asegurar la frontera para que miles de trabajadores humildes no la crucen a diario y no para las verdaderas causas, como las de detener a las industrias de la muerte, las armas y las drogas.
Esta investigación debería concluir con sancionar a los responsables y no como sucede siempre, como pasó con los soldados que torturaron en la prisión en Abu Ghraib, o con los funcionarios que encontraron traficando droga en aviones de la Fuerza Aérea en Colombia, que nunca se aplican castigos ejemplares, para demostrarle al mundo que aquí también nos duele lo que les pasa a otros cuando somos nosotros los que generamos ese dolor.