Cuando fue aprobada la Ley de Arizona pensamos que era la ley más dura en contra de los inmigrantes indocumentados en el país, lo que no nos imaginábamos era que la SB1070 pudiera ser superada por medidas más estrictas.
La ley HB56 de Alabama que entró en vigencia la semana pasada le gana de lejos a las medidas promulgadas en Arizona y Georgia. La legislatura estatal impide rentar una propiedad a un indocumentado pero también convierte en delito transportar, ocultar, hospedar a una persona sin documentos, así como fomentar su permanencia en el estado. No se puede expedir una licencia de negocio a un indocumentado, incluso es un delito contratar a una persona en la vía pública o dentro de un vehículo que esté en la vía pública. Exige la identificación de los estudiantes y cualquier contrato firmado con una persona indocumentada carece de validez.
Esas son en resumen las medidas más importantes de la que se considera la ley más fuerte y de la que el gobernador de Alabama, Robert Bentley, se precia de ser la más estricta del país.
¿Tiene la culpa Alabama de legislar en contra de la inmigración ilegal de esa forma? Sí y No; sí porque los estados no pueden ir contra las leyes federales y no porque el gobierno no ha cumplido lo prometido para impulsar una reforma inmigratoria.
El presidente Obama le faltó a la comunidad inmigrante, aunque sabemos que una reforma migratoria no tiene acogida entre muchos de los miembros del Congreso, en especial la bancada republicana, tampoco hemos visto voluntad del presidente ni ahora ni antes para impulsar una iniciativa.
Mucha promesa, pero poca voluntad del gobierno. Si Alabama pasó esta medida es porque Washington no ha tomado una posición al respecto y sigue dilatando “tomar el toro por los cuernos”, los inmigrantes indocumentados tendrán que salir de Alabama, como han salido de Arizona o de Georgia, pero lo peor es que muchos que tienen la necesidad de trabajar se quedan arriesgándose a ser detenidos o peor aún a vivir bajo la esclavitud moderna de patrones que sabiendo sus circunstancias, sacan ventaja de ellas.
En cuatro meses será Florida la que lleve nuevamente a su legislatura una medida similar. Esta vez con nuevos bríos al ver cómo otros estados han logrado convertirla en ley. Y lo peor es que Arizona a pesar de haber sufrido un impacto en su economía, ahí está, como está Georgia que

no tiene quién recoja los duraznos, pero sigue adelante y Alabama seguirá adelante y los políticos se acostumbrarán a que se aprueben estas leyes sin mayores consecuencias.
El tema no es premiar a los inmigrantes indocumentados, el tema es que existe una realidad y esta no se esconde como cuando uno oculta la mugre debajo de la alfombra. El problema está ahí y hay que darle una solución integral que debe provenir de Washington. Una ley que legalice a parte de la población indocumentada, aquella que haya cumplido con ciertos requisitos, pero no seguir en este “limbo” que solo aprovechan los políticos en campaña y los patronos insensibles.
El presidente Obama todavía tiene la oportunidad de demostrar que quiere cumplir con sus promesas de campaña y así las circunstancias no sean las mejores, se puede pasar un proyecto que obligue a congresistas y senadores a hablar del tema y a fijar posiciones, que se sepa de una vez por toda quién quiere y quién no dar una solución definitiva a este problema que afecta a muchos miembros de nuestra comunidad, pero más allá que afecta a la economía del país.