El representante Juan Carlos Zapata se caracterizó por su lucha a favor de los inmigrantes. Zapata antes de correr por un asiento en el congreso estatal fue directivo de la organización colombiana CASA con sede en Miami y desde allí se encargó del lobby para la aprobación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los colombianos. El tan esperado alivio no llegó, no por falta de voluntad y esfuerzo de Zapata sino por un desafortunado comentario del presidente Andrés Pastrana que dijo que los “colombianos no salían de su país por razones de la violencia sino por razones económicas”. Esta declaración del primer mandatario de los colombianos derrotó todo el trabajo que Zapata y otros líderes comunitarios habían comenzado en pro de tal beneficio.
Zapata por 4 años consecutivos presentó una especie de Dream Act para la Florida, una ley que permitiera a los indocumentados asistir a la Universidad estatal pagando lo mismo que cualquier residente legal. Este tipo de ley ya está vigente en varios estados como Illinois por ejemplo. Las 4 veces Zapata ha salido derrotado, la razón: No podemos dar beneficio a quienes han infringido la ley.
Ahora Zapata se lanza con un nuevo proyecto, una ley que penalice a los empleadores. El argumento, la hipocresía política en Tallahassee que cuestiona una ley que beneficie a los estudiantes ilegales, pero no quiere sanciones para quienes contratan a esos ilegales o a sus padres.
Pero ¿qué motivaría a un inmigrante que siempre se ha mostrado defensor de los derechos de los inmigrantes a presentar una ley de esta naturaleza?
Hasta cierto punto Zapata tiene razón. “O todos en la cama o todos en el suelo”, si no se pueden dar beneficios a los indocumentados porque infringieron la ley, ¿por qué se le deben dar a las empresas que los contrataron? Para cometer este delito hacen falta dos, pero las empresas alegarán que no tienen que actuar como agentes policiales y verificar la documentación de cada uno de los empleados para saber si ésta es falsa o no.
Las empresas tienen razón, no existe un sistema que le permita a todas las compañías realizar la verificación y sólo unas poseen línea directa con el DHS para tal efecto. Pero la verdad es que el cuentito “yo no sabía que era ilegal” es cierto en muy pocos casos. Hay empresas que contratan o sub contratan a miles de trabajadores que ellos saben en el fondo que no reúnen los requisitos, pero los aceptan para poder producir, contribuir con la economía, pagar los impuestos y sacar adelante no sólo al estado si no al país.
Pareciera que lo que quiere Zapata es decirles a sus colegas, o me ayudan con los muchachos o metemos a las empresas en la misma bolsa y los tratamos como cómplices de un delito.
Este es un tema muy complejo y de fondo. Las empresas saben que necesitan trabajadores, el gobierno sabe que requiere un cambio en la política de inmigración y la comunidad sabe que urge una solución a los indocumentados. El problema es que nadie quiere asumir el reto y tomar el toro por los cachos para resolver de la forma más equitativa el problema.
Nada sacamos con sancionar a las empresas si no les brindamos soluciones para la falta de mano de obra, pero no es justo que los únicos que paguen sean los indocumentados, porque para muchos ellos son los criminales que violan la ley y se les olvida que todos de una u otra manera la estamos violando.
Zapata en este momento debe ser el representante más odiado por los empresarios y de paso el menos apreciado por los inmigrantes, pero en el fondo la intención del representante de origen colombiano es la de defender a los indocumentados y permitir que existan leyes que les beneficien y no seguir con esa política facilista de legislar pensando que por el hecho de no ser ciudadanos de este país tienen que pagar por los pecados que todos cometemos.