Phoenix.- La ley de inmigración de Arizona, conocida como SB1070, entróen vigor este jueves sin sus secciones más polémicas, después de que la jueza federal Susan Bolton ordenara su bloqueo.
La medida representa una victoria para los críticos de la medida, que alegan que esa ley puede conducir a la discriminación racial, y para el Gobierno de EE.UU., cuyo Departamento de Justicia ha interpuesto una de las siete demandas pendientes contra esa norma.
Pero la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, que promulgó la ley el 23 de abril, ya ha indicado que apelará contra el bloqueo, lo que promete abrir una larga batalla legal.
La orden de esta semana "es un pequeño obstáculo en el camino", indicó la gobernadora, que consideró que la sentencia "da la venia de los tribunales al Gobierno para no hacer su trabajo" de lucha contra la inmigración ilegal.
En su dictamen en Phoenix, la jueza ordenó el bloqueo de tres provisiones clave, incluida la obligación de los agentes de Policía a comprobar el estatus migratorio de una persona a la que hayan detenido por otras razones.
También queda en suspenso la aplicación de otra sección que obliga a los inmigrantes a llevar encima siempre la documentación que demuestre que se encuentren de manera legal en el país.
Igualmente se suspende el apartado que convertía en delito el que los inmigrantes indocumentados pudieran pedir empleo en lugares públicos.
La jueza apunta que "hay una probabilidad sustancial de que los agentes detendrán erróneamente a inmigrantes legales bajo la nueva ley", conocida como SB1070.
"Al aplicar esta medida, Arizona impondría una carga extraordinaria, inusual y característica a los inmigrantes ilegales que sólo el Gobierno Federal tiene autoridad para imponer", añade el dictamen de la jueza.
