y de títulos accionarios con valor superior a los 100.000 pesos (7.750 dólares).
Quien viole estas disposiciones se enfrentará a penas de prisión de entre 5 a 15 años de cárcel.
Cordero dijo que se buscará "integrar, procesar y analizar la mayor cantidad de información financiera y criminal de manera coordinada y conjunta" entre distintas dependencias y crear células especializadas para el combate al lavado de dinero.
La nueva legislación exige que las personas dedicadas a los concursos, sorteos y juegos, comercialización de inmuebles, compraventa de metales preciosos, joyería y relojería, traslado de valores y blindaje, estén "obligadas" a reportar sus operaciones a las autoridades, o de lo contrario serán sancionadas.
Además de mejorar la supervisión aduanera y de comercio exterior, el Gobierno plantea robustecer la identificación de activos en el extranjero de personas sujetas a investigación en México, y fortalecer la ley de extinción de dominio.
Por su parte, el fiscal general, Arturo Chávez, explicó que el nuevo paquete legislativo crea nuevos tipos penales como el "fomento al lavado de dinero".
También establece los delitos de "aliento para realizar actividades ilícitas financiadas con dinero licito", llevar a cabo operaciones que busquen burlar los controles del sistema financiero, y que una persona preste su nombre o el de una empresa para bienes de un tercero, entre otros.
Finalmente, el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Ignacio Deschamps, criticó que en el país sea "posible todavía adquirir de negocios perfectamente establecidos y lícitos o de personas honorables y de buena fe todo tipo de bienes servicios sin importar su valor a través de pesos y dólares en efectivo".
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