Un informe pide reformas a controvertida política de detenciones
11-04-2011
WASHINGTON, (EFE).- Estados Unidos gasta cerca de 2.000 millones de dólares al año en la detención obligatoria de decenas de miles de inmigrantes, muchos de ellos por infracciones menores, pero hay alternativas económicas y humanitarias a esa política, según un informe recientemente divulgado.
El informe de 72 páginas, elaborado por el Servicio Luterano para Inmigrantes y Refugiados (LIRS, por su sigla en inglés), ofrece una radiografía de los problemas que aquejan al sistema de detención de inmigrantes y recomienda reformas para que el Gobierno federal aplique las leyes con inteligencia, gaste menos y resguarde la "dignidad" de estos inmigrantes.
Se calcula que, cada día, unos 33.400 inmigrantes, incluidos 1.400 solicitantes de asilo político o víctimas de tortura y trata de personas, están detenidos en más de 250 cárceles privadas, locales, estatales, y federales en EE.UU., con poca o ninguna revisión judicial o acceso a un abogado.
El costo promedio de la detención por infracciones migratorias es de 122 dólares por día por cada detenido, según el Departamento de Seguridad Nacional, pero esa cifra aumenta a 166 dólares diarios si se incluyen los salarios y demás gastos operacionales en los centros de detención.
El encarcelamiento, que supone al fisco un gasto anual de 1.900 millones de dólares, y aumentará en 2012, se ha convertido en sinónimo de la aplicación de las leyes de inmigración y representa una "violación generalizada de los derechos humanos en suelo estadounidense", según LIRS.
Si el Gobierno adoptara alternativas a la detención, ahorraría hasta cien dólares por día por inmigrante, además de que reduciría el costo humano de las detenciones indefinidas.
No todos los extranjeros detenidos suponen un riesgo a la seguridad nacional y la mayoría cumple con las citas judiciales. La detención obligatoria, en todo caso, debería ser la medida de último recurso, indicó el documento titulado "Unlocking Liberty: A Way Forward for U.S. Immigration Detention Policy".
El informe recomienda que el Congreso anule las detenciones obligatorias y apruebe una ley que exija una evaluación individual y una revisión judicial de cada caso, de manera que las autoridades tengan que justificar la privación de libertad de las personas.
También recomienda que la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) elabore e institucionalice un método para evaluar la necesidad de detener a un inmigrante, con la ayuda incluso de trabajadores sociales y profesionales de la salud.
ICE debe "asegurarse de que la detención se utilice sólo cuando el Gobierno
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